La presidenta y el régimen político se han anotado dos victorias con probables altos rendimientos electorales: Jalisco y Chihuahua. Para quienes juzgan se les hace fácil condenar a los mandatarios por no resistir la embestida del centro de clara motivación política, como si un gobernador pudiera enfrentar al Gobierno federal. El último caso exitoso fue el de Venustiano Carranza y su Plan de Guadalupe, disputa por el poder que se resolvería en la arena de las armas.
Lo menos por reconocer es que los gobernadores tienen muy poco espacio para contener una acción punitiva desde el centro. Los exgobernadores panistas y uno que otro priista podrán documentar algo en sus diferencias con el presidente en turno. Solo el Congreso puede hacerlo desde que la oposición ganó mayoría hace casi 30 años, situación de Gobierno dividido que se canceló con el triunfo de López Obrador en 2018.
La presidenta se regocija con su ataque a los gobernadores opositores, van tres, Chihuahua y Querétaro del PAN y Jalisco de MC. En el caso de los panistas se sobrepone la tesis de la defensa de la soberanía nacional, a manera de dejar, como dice la presidenta, que cada uno llegue a sus propias conclusiones quién es traidor a la patria (a partir de información sesgada). En Chihuahua, sí puede mover las preferencias por la imposibilidad de resistir y colaborar desde el Estado en la detención y acusación del exfiscal César Jáuregui.
No se sabe qué movió a la gobernadora a una decisión en tal sentido, tampoco los resultados de las investigaciones a cargo de la fiscalía local. Situación distinta a lo que sucede con la FGR, la motivación presidencial es política y de corte electoral, la intervención de la fiscal Godoy lo confirma. Justicia penal politizada, a modo de las necesidades del régimen político.
En Querétaro, la presidenta se mostró desinformada y su ataque visceral se le revirtió. En Jalisco, ante el pésimo manejo del gobernador Lemus de la protesta social de hace días la mostró con un lamentable oportunismo, no por estética, sino porque debilitar a las autoridades en el manejo de escenarios altamente conflictivos es jugar con fuego. La presidenta lo padeció con la CNTE, acordando condiciones altamente gravosas para las finanzas y la política educativa en la víspera del mundial de futbol.
Presidenta, gobernadores, legisladores y partidos debieran considerar el deterioro institucional para la conducción y respuesta a la protesta social. Impredecible el futuro cercano porque las autoridades han perdido sentido de atención y capacidad de respuesta a las demandas de los agraviados. Además, los problemas que se presentan en muchos ámbitos críticos como el campo, el mantenimiento de infraestructura, la persistencia de la violencia y del delito, la crisis del sector salud y del educativo, tienen que ver con la redefinición del gasto público del obradorismo y su efecto en el desequilibrio fiscal a una situación sumamente complicada por el deterioro de la calificación crediticia de la deuda soberana, asunto que reduce los márgenes de lo posible, y expone al país a una situación extremadamente crítica.
Grave error de la presidenta jugar al deterioro de quien enfrenta los problemas. Puede darle rendimientos marginales, incluso que Chihuahua se pinte de guinda y que en el occidente del país el deterioro de MC beneficie a los suyos en las elecciones venideras. Sin embargo, no necesariamente significa que pueda ganar la mayoría calificada en la Cámara; se hace presente algo más sustantivo y a la vista de quien quiera verlo: ¿para qué le sirven al régimen gobernadores coludidos con los criminales, si no es que con acuerdos subrepticios con las agencias norteamericanas por los pecados cometidos? La supuesta soberanía se torna broma de mal gusto.
El Gobierno no depara en qué significa que el país perdiera la red de protección para situaciones graves de enfrentamiento social y para la conducción de una crisis mayor por el deterioro de las instituciones, reglas y hábitos previos al arribo del obradorismo. La misma institucionalidad electoral se ha degradado en extremo; impensable que quien presidiera el INE comprometiera no sólo la integridad patrimonial de la institución, sino los fundamentos que le dan credibilidad; corrupción y parcialidad, el cáncer en el órgano insignia de democracia. La disputa por el voto transita a condiciones que llevan a opositores y ciudadanos a la desconfianza y al colapso de un marco institucional de lucha civilizada por el poder.
Saldos de los destapes
Difícilmente en el partido gobernante hay quien crea que los diecisiete candidatos a gobernador seleccionados no contaron, según el caso, con el aval, autorización o promoción de la presidenta Sheinbaum. Las encuestas sirven cuando sus resultados coinciden con lo que se quiere, como ocurrió con ella misma hace tres años y que la llevaría a la candidatura presidencial. Que fuera así la decisión en los estados no significa que haya sido discrecional o caprichosa; al contrario, el balance muestra que se consideraron muchos factores, entre otros, la alianza con el PVEM, el poder de los gobernadores y la visión de la dirección nacional. La presidente Sheinbaum y su mentor, quien parece no intervino por nadie, y tampoco ejerció su veto, como con Omar García Harfuch para ser candidato en la Ciudad de México.
Notorio del proceso el ascendiente del PVEM; se lleva cuatro candidaturas y todas con muy elevada posibilidad de triunfo. Entre éstas, San Luis Potosí, donde Morena designa a un candidato facilitador del triunfo verde. Los gobernadores son un factor importante y eso tiene consecuencias; casi todos los estados corren a cuenta de ellos. Por su parte, el interés nacional determinó ocho candidatos; cuatro en estados muy difíciles de ganar, los gobernados por el PAN y PVEM, y otros dos muy competidos, Chihuahua y Sinaloa.
El PT fue el perdedor del proceso. No sorprende que recoja la inconformidad de algunos de los no favorecidos, singularmente en Zacatecas y Michoacán. Atención aparte es la rebelión de Tatiana Clouthier en Nuevo León, quien ha sumado al senador Waldo Fernández, Andrés Mijes y Judith Díaz. Por su parte, Ariadna Montiel y Citlali Hernández reciben el reclamo, cuando todos saben solo son operadoras de las definiciones presidenciales.
El problema mayor de los destapes, sobre todo en los estados de presencia criminal, es el inicio de campaña al margen del control del INE, en particular tratándose de finanzas de campaña, realidad que abre la puerta para que se reproduzca el proceso más preocupante y perjudicial de la democracia mexicana. La colusión entre Gobiernos y grupos criminales resulta difícil de controlar desde la ciudad de México o por autoridades federales, por su presencia y capilaridad económica, política y social en las regiones donde operan. Más aún, la impunidad a gobernadores bajo fundada sospecha y otros miembros importantes del régimen son mensaje para unos y otros.
La atención se centra en la inconformidad del PT y los no favorecidos. Difícilmente su resistencia será exitosa, a pesar de que en Zacatecas y Michoacán puede significar la derrota de Morena. El PT será reconvenido y compensado. En Nuevo León las condiciones de la competencia y el perfil de las preferencias no favorecen a Morena; la reflexión obligada refiere a las razones para designar a Clara Luz Flores por el efecto a la contienda distrital federal. Imposible que la coalición gobernante repita el triunfo en siete de los catorce distritos de 2024.
Un factor que apenas empieza a considerarse, las condiciones en que se desarrollarán las campañas en los territorios de presencia del crimen organizado; no hay condiciones que garanticen un proceso regular. Los órganos electorales, las autoridades judiciales y las de seguridad no son garantía. La mejor prueba, Sinaloa y Michoacán.
No se puede ignorar el deterioro del régimen político a pesar del control de los órganos electorales y de la parcialidad sin paralelo de los Gobiernos locales y nacional. La cancha es dispareja, la oposición debiera unificarse al menos para demandar la integridad de la elección y participar bajo protesta dadas las condiciones, al tiempo de convocar a la mayor participación electoral posible a manera de conjurar la trampa y el fraude electoral.
Las dificultades de la coalición no sólo resultan del entorno económico, político y social, notoriamente distinto al de hace seis años. El liderazgo de López Obrador y el ascendiente de la superioridad moral han perdido fuerza, producto de la corrupción, las malas cuentas del Gobierno y, especialmente, la colusión con el crimen y la impunidad.
La fundada desconfianza sobre una elección justa, la disminución importante de la aceptación del régimen y la presencia criminal apuntan a un problema que trasciende el resultado de la elección; de hecho, el tema es si las elecciones continuarán siendo el espacio más relevante en la disputa por el poder. La protesta social callejera ha ganado terreno y soslayarla sería un grave error del régimen.
Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 10. Lee la edición completa en PDF.