Desapariciones, torturas y otros presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila durante los Gobiernos de Humberto y Rubén Moreira llegaron a la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, el 5 de julio de 2017, cuando el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, acompañado de representantes de organizaciones de derechos humanos, entregó información a la Fiscalía del tribunal para solicitar que examinara los hechos documentados.
La iniciativa fue impulsada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en coordinación con organizaciones mexicanas, entre ellas el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México. La investigación contó con el apoyo de más de un centenar de agrupaciones civiles. FIDH
El documento, titulado México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, abarcó hechos ocurridos entre 2009 y 2016. Reunió información sobre más de 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, así como expedientes específicos de 73 víctimas. Los autores sostuvieron que los hechos no podían entenderse únicamente como actos aislados de la delincuencia organizada, sino que presentaban características de un ataque sistemático contra la población civil.
Allende y piedras negras
Entre los episodios incluidos figuraron la masacre de Allende, ocurrida en marzo de 2011, y los asesinatos atribuidos a Los Zetas en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras. La investigación planteó que integrantes del grupo criminal habrían actuado con la colaboración o tolerancia de autoridades, y señaló posibles responsabilidades de funcionarios estatales encargados de la seguridad.
El informe distinguió dos periodos: de 2009 a 2011 o 2012, cuando, según sus autores, habría existido colusión entre autoridades de seguridad y Los Zetas; y de 2011 o 2012 a 2016, cuando denunciaron la comisión directa de crímenes por parte de fuerzas especiales estatales.
Las conclusiones apuntaban a posibles responsabilidades en distintos niveles de Gobierno. En ese contexto aparecieron los nombres de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, quienes gobernaron Coahuila entre 2005 y 2011 y entre 2011 y 2017, respectivamente.
Consecuencias
La comunicación no produjo un juicio internacional contra los exgobernadores, pero sí llevó a una instancia internacional documentación que las organizaciones consideraban indicativa de graves violaciones de derechos humanos, dio visibilidad a las denuncias de las familias y mantuvo el foco sobre la posible participación de agentes estatales en la violencia de Coahuila.
La iniciativa también se integró a una estrategia más amplia de búsqueda de justicia. En octubre de 2017, las organizaciones presentaron información sobre el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde cuestionaron la falta de investigaciones efectivas y la resistencia del Estado mexicano a la cooperación internacional. Se trataba de una vía distinta de la CPI, con procedimientos y atribuciones propios.
La gestión de Vera llevó a la justicia internacional las denuncias sobre desapariciones, torturas y asesinatos en Coahuila, y contribuyó a mantener vigentes las exigencias de investigación y rendición de cuentas. La presentación colocó ante la CPI documentación sobre graves violaciones de derechos humanos, con una relevancia política y documental que trasciende la ausencia de una resolución judicial. E4
Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 9. Lee la edición completa en PDF.
