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  • EE. UU. y México: una vecindad marcada por el abuso de poder

    EE. UU. y México: una vecindad marcada por el abuso de poder

    Gerardo Hernández G.
    Por Gerardo Hernández G.

    El despojo del 55 % del territorio nacional —donde hoy se asientan, parcial o totalmente, 10 estados de la Unión— mediante la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo en 1848, marcó la historia de la relación entre Estados Unidos y México. El Gobierno de James K. Polk (demócrata) pagó 15 millones de dólares al de Manuel de la Peña —uno de los múltiples presidentes de nuestro país en ese periodo turbulento— por casi 2.4 millones de kilómetros cuadrados. Así se «cumplía» el Destino Manifiesto, cuyo «mandato divino» concedía al entonces imperio naciente el derecho de expandirse por el continente sin reparar en los medios.

    Polk justificó ante el Congreso la apropiación con una mentira: «La agresión de México nos obligó a apelar a las armas para asegurar la justicia y defender nuestro honor nacional (…) Los estados de Nuevo México y las Californias constituyen una compensación justa por los gastos de la guerra. Estas provincias deben ser retenidas por los Estados Unidos como indemnización». México, según Polk, había «cruzado» la frontera, «invadido» territorio de Estados Unidos y «derramado sangre americana sobre suelo americano». El enfrentamiento lo provocaron las tropas extranjeras en una zona bajo jurisdicción mexicana. Sin embargo, los hechos se tergiversaron para justificar la ocupación.

    De la Peña, quien formaba parte del ala moderada del Partido Liberal, defendió la firma del tratado ante el Congreso de Querétaro, donde el Gobierno provisional se había instalado por la invasión de Estados Unidos. «La Nación —dijo— está vencida y desarmada, pero existe; está con nosotros. Somos la Nación». De la Peña apoyó en su juventud al movimiento independentista. Luego se desempeñó como diputado constituyente y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese carácter sustituyó a Antonio López de Santa Anna tras la derrota militar de 1847. Esto abrió el camino para que, en 1853, el dictador volviera al poder por undécima y última ocasión.

    Casi dos siglos después de que James K. Polk mutilara geográficamente al país —cuya herida se simboliza en el Río Bravo—, la retórica efectista que ha caracterizado a Donald Trump revive los viejos sueños imperiales. Hoy, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, Washington amaga con operaciones militares en suelo soberano. El asedio es abierto y la presión permanente: va desde los aranceles hasta las amenazas de una «intervención quirúrgica». El Destino Manifiesto cambia de rostro, pero su espíritu expansionista permanece intacto; ahora ya no solo mira al sur, sino también al norte (Canadá y Groenlandia).

    Estados Unidos justifica su injerencismo mediante una interpretación torcida de la democracia, la cual, con Trump, se ha degradado. Pues, de acuerdo con el Índice de democracia de The Economist 2024, Estados Unidos tiende hacia el autoritarismo competitivo (frontera del autoritarismo). En uno de sus acostumbrados actos de prestidigitación, Trump se sacó de la manga el Escudo de las Américas, cuyo propósito consiste en imponer en América Latina presidentes de ultraderecha; con ello pretende «extirpar» a los Gobiernos democráticos de izquierda y frenar el avance de China. La denominación de organizaciones terroristas a los carteles de la droga le brinda el pretexto para invadir terceros países por la vía militar. El conejillo de indias fue Venezuela, donde Trump derrocó al presidente Nicolás Maduro y se apropió de una parte de su riqueza petrolera.

    Pretextos para invadir

    La administración de Donald Trump no ha dejado de buscar motivos para invadir México. El ataque que James K. Polk inventó a mediados del siglo XIX le sirvió de excusa para intervenir militarmente y anexionarse más de la mitad de nuestro territorio. Hoy, la cortina de humo es el narcotráfico, flagelo que se combate al sur del Bravo con mayor intensidad. Sin embargo, es en el norte donde se localiza el principal consumidor de drogas del planeta y de donde proceden los arsenales para las organizaciones criminales. El pretexto para enviar tropas a nuestro país, Trump no lo tendrá de los cárteles, pues ello significaría firmar su sentencia de muerte.

    La justificación tampoco se la dará el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha resistido los embates y provocaciones de Washington y de sus aliados en México. Estos son la derecha, los poderes fácticos y los partidos (PRI y PAN) que gobernaron por casi nueve décadas. Precisamente son estos grupos quienes podrían prestarse al juego de las agencias de Estados Unidos para erosionar al Gobierno federal y desestabilizar al país. La incursión de agentes de la CIA en Chihuahua —en un operativo con el Gobierno local— y la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro (ambos estados panistas) podrían formar parte de ese plan.

    «Los pueblos que no tienen memoria, tampoco tienen brújula», dijo la presidenta Sheinbaum el 27 de septiembre pasado en el Zócalo de Ciudad de México, luego de una gira por las 32 capitales estatales con motivo de su segundo informe de Gobierno. El discurso se centró en la independencia y en la soberanía. Los insurgentes no lucharon «para terminar convertidos en una monarquía contra la cual se habían levantado los Padres de la Patria, en 1810», dijo la mandataria.

    Advirtió que otra «demanda poderosísima» de la lucha contra la corona española fue «la abolición inmediata de la esclavitud y el fin definitivo del sistema de castas que dividía a los seres humanos por su origen y color de piel». El tema de la soberanía —hoy como ayer bajo acecho— lo contextualizó con una frase de José María Morelos: «Solo el pueblo determina el destino de México. Significa, desde 1814, que ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria; esa solo le pertenece al pueblo de México».

    Enseguida lanzó un dardo a los grupos que pretenden recuperar el poder —al margen de las urnas— y reconquistar los privilegios perdidos, así tengan que vender su alma al diablo. En la Independencia, la Reforma y la Revolución, que definieron al país, «el pueblo de México dejó grabados con sangre y fuego en su memoria colectiva (…) cinco guías que hoy son nuestro faro: independencia, soberanía, libertad, igualdad (justicia social) y democracia, entendida como el Gobierno del pueblo».

    El país se ha blindado para protegerse de los intereses internos y externos, y fortalecer la democracia. A partir de 2030, declaró la presidenta, «ningún cargo de elección popular tendrá reelección» y se prohibirá el nepotismo. El nuevo artículo 40 de la Constitución «rechaza cualquier intento de injerencia extranjera», y el 19 «da la pena máxima a cualquier agente extranjero que intente violar nuestro territorio». El Senado aprobó también una reforma para que en el futuro la presidencia y las gubernaturas sean ocupadas solo por quienes tengan una nacionalidad: la mexicana.

    Diplomacia y resistencia

    Para el historiador Lorenzo Meyer, no son las andanadas de Donald Trump contra México las que llaman la atención sino «la capacidad mexicana de resistirlas» («Seguridad para ellos ¿y para nosotros?»). En la era moderna de Estados Unidos, ningún presidente como el magnate republicano ha sido tan insolente y agresivo, no solo con nuestro país, sino contra sus aliados estratégicos alrededor del mundo. Fue precisamente la combinación de liderazgo y pragmatismo la que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a la lista de «Las 100 personas más influyentes de 2026» de la revista Time, en la categoría de Líderes, por segundo año consecutivo.

    «La respuesta de Sheinbaum a la ofensiva (de Trump) fue una lección de diplomacia». «Golpear con dureza a los cárteles (…) ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva. Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación. Estos éxitos la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito al combinar populismo con pragmatismo», dice el periodista británico Ioan Grillo, quien escribió el perfil de la presidenta mexicana. Sin embargo, para que ese «prometedor comienzo se convierta en un legado duradero», Sheinbaum tiene frente a sí tareas arduas como el estancamiento económico, la delincuencia «aún crítica» y decenas de miles de desaparecidos, apunta.

    Grillo fue elegido por Time por su conocimiento del fenómeno de las drogas y su alcance global, tema que domina la agenda trumpista con respecto a México. En su reseña del libro Caudillos del crimen: De los señores de la guerra a los nuevos capos de Latinoamérica (2016), el historiador Yuval Noah Harari describe esa obra de Grillo como «Un relato apasionante sobre las nuevas guerras criminales en América Latina… Desafía nuestros conceptos fundamentales de política, economía e incluso religión, al narrar cómo la criminalidad se transforma en guerra, cómo los cárteles de la droga mutan en corporaciones multinacionales y cómo los gánsteres se convierten en políticos e incluso en profetas religiosos».

    El futuro de la relación entre los (de nuevo) «vecinos distantes» se definirá en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Si la impopularidad del presidente y el rechazo que enfrenta dentro y fuera de su movimiento MAGA y en las bases del Partido Republicano se traduce en votos, el control de la Cámara de Representantes pasaría a manos del Partido Demócrata y Trump quedaría maniatado por el resto de su mandato. En ese escenario se aceleraría la sucesión presidencial en Estados Unidos, y México podría respirar un poco más tranquilo.

    Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum resiste las presiones intervencionistas. El último intento para abrir las fronteras a las tropas de Estados Unidos fue por una supuesta agresión contra elementos de la Guardia Costera en la frontera con Tamaulipas, el 26 de septiembre. La mandataria aclaró que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional no detectaron disparos en la zona referida. Para mayor seguridad —dijo— se activaron operaciones espejo en el Río Bravo, con la participación del Comando Norte, la Guardia Costera, la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional. La resistencia y la diplomacia, como advierten Meyer y Grillo, son las armas que le han permitido a Sheinbaum mantener a raya al reyezuelo. E4

    Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 16. Lee la edición completa en PDF.

  • La Corte Penal Internacional, bajo asedio político: nobel de la paz

    La Corte Penal Internacional, bajo asedio político: nobel de la paz

    Por Edgar London

    La paz puede ser un argumento para reclamar reconocimiento internacional, pero también una exigencia que obliga a responder por las propias decisiones. Donald Trump ha insistido en que merece el Premio Nobel de la Paz por sus iniciativas diplomáticas y su afirmación de haber contribuido a terminar diversas guerras. Sin embargo, su Administración acaba de intensificar la confrontación con la Corte Penal Internacional (CPI), una institución creada para investigar y juzgar algunos de los crímenes más graves que puede cometer una persona.

    El 9 de octubre, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el tribunal con sede en La Haya, apenas unas horas después de que se diera a conocer la concesión del Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, quien formó parte de la CPI entre 2003 y 2008. La coincidencia temporal llamó la atención de la propia galardonada, quien consideró que la decisión de Washington no podía desvincularse del premio. «Recurra a sus asesores legales para que le expliquen qué es el derecho internacional (…) y por qué es ilegal interferir en los asuntos de un tribunal internacional independiente», declaró Pillay en una entrevista con la agencia AFP, al dirigirse al mandatario estadounidense.

    La jurista, de 85 años, interpretó el anuncio de las sanciones como una reacción a que Trump no hubiera recibido el galardón. El episodio coloca en primer plano una contradicción política pues mientras el presidente reivindica su papel como promotor de la paz, su Gobierno utiliza instrumentos económicos para presionar a un organismo internacional que investiga presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

    La disputa tampoco comenzó con el Nobel. Las sanciones forman parte de una ofensiva que la Administración Trump emprendió contra la CPI desde febrero de 2025, cuando el presidente firmó una orden ejecutiva para castigar a funcionarios vinculados con investigaciones que Washington considera contrarias a sus intereses. La decisión más reciente amplía la presión al propio tribunal y amenaza con dificultar su acceso a servicios financieros y tecnológicos esenciales para mantener sus operaciones.

    Una corte bajo presión

    Fundada en 2002 mediante el Estatuto de Roma, la CPI tiene competencia para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión, bajo las condiciones previstas en su tratado constitutivo. No juzga países ni sustituye de manera general a los tribunales nacionales. Actúa cuando se cumplen los requisitos de competencia y complementariedad establecidos en el Estatuto.

    Estados Unidos no es Estado parte de ese tratado y sostiene que el tribunal carece de autoridad para investigar o juzgar a sus ciudadanos sin su consentimiento. Washington también rechaza las actuaciones contra dirigentes de países aliados, especialmente Israel. La tensión aumentó después de que la CPI emitiera, en noviembre de 2024, órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva en Gaza. Las órdenes no equivalen a condenas, pero establecen que existen fundamentos jurídicos para solicitar la detención de los acusados y que comparezcan ante la justicia.

    El Gobierno estadounidense considera ilegítima la actuación del tribunal en asuntos que involucran a sus ciudadanos y aliados. En su anuncio del 9 de octubre, el Departamento de Estado justificó las nuevas medidas como una forma de defender la soberanía estadounidense y neutralizar lo que calificó como una amenaza de la CPI. «Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos», afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.

    La postura de Washington se enfrenta, sin embargo, a un principio fundamental del derecho internacional: la existencia de un tribunal no depende de que todas las potencias acepten su jurisdicción. La CPI fue creada mediante un tratado al que se han adherido numerosos Estados y cuyas disposiciones regulan sus competencias, sus procedimientos y las condiciones en que puede actuar. La falta de adhesión estadounidense no significa que la Corte pueda ejercer jurisdicción ilimitada sobre cualquier ciudadano de ese país. Su competencia depende de factores jurídicos concretos, como el territorio donde se cometieron los presuntos crímenes, la nacionalidad de los implicados en determinadas circunstancias o una remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero tampoco implica que Washington pueda determinar unilateralmente el alcance de las facultades de una institución independiente.

    La confrontación ha alcanzado incluso a los jueces y fiscales del tribunal. Antes de las nuevas medidas contra la institución, Estados Unidos ya había sancionado a funcionarios de la CPI, una decisión que restringe sus posibilidades de realizar operaciones económicas y utilizar servicios sujetos a la jurisdicción estadounidense.

    El 9 de octubre, el tribunal respondió a la ampliación de las sanciones con una declaración en la que advirtió que la medida amenaza su independencia y su capacidad para cumplir el mandato que le encomendaron los Estados que lo crearon. «Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la función para la que fue creada», señaló la institución.

    La declaración también advirtió que la ofensiva representa un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos del orden jurídico internacional, en particular al principio de que nadie debe estar por encima de la ley. La CPI afirmó que las sanciones no impedirán que continúe con su labor. Sin embargo, la posibilidad de mantener sus investigaciones y procedimientos no elimina las dificultades que puede ocasionar la restricción de servicios bancarios, tecnológicos y comerciales.

    Las medidas estadounidenses contemplan la exclusión del tribunal del sistema financiero de ese país y limitaciones para quienes mantengan determinadas relaciones comerciales con él. El alcance de estas disposiciones puede afectar a bancos, proveedores de tecnología, empresas y particulares que necesiten operar con la institución.

    Aunque algunas autorizaciones temporales permiten determinadas transacciones, la amenaza de sanciones puede generar cautela entre los proveedores y las entidades financieras, incluso cuando existen actividades autorizadas. En la práctica, una organización internacional puede encontrar obstáculos para contratar servicios, pagar gastos o mantener infraestructuras esenciales si las empresas con las que trabaja temen quedar expuestas a penalizaciones estadounidenses.

    La preocupación no se limita al funcionamiento administrativo de la Corte. El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, vinculado a la CPI, advirtió que las sanciones pueden interrumpir los canales financieros, los servicios y las alianzas necesarios para desarrollar sus programas de reparación y asistencia. El organismo señaló que esos programas incluyen rehabilitación física y psicosocial, apoyo socioeconómico, educación y otras medidas dirigidas a personas que han sufrido secuestros, violencia sexual, asesinatos, torturas y persecución.

    Doble rasero

    Navi Pillay considera que la política estadounidense hacia la CPI evidencia una aplicación selectiva de los principios de justicia internacional. La jurista recordó que anteriores administraciones de Estados Unidos respaldaron actuaciones de la Corte contra dirigentes considerados adversarios de Washington, como el presidente ruso, Vladímir Putin, mientras que el Gobierno de Trump rechaza las medidas judiciales contra dirigentes israelíes. «Esto es selectividad, es aplicar un doble rasero, y es inaceptable», afirmó Pillay.

    El momento en que se anunciaron las sanciones añadió una dimensión política al conflicto. Pillay sostuvo que el calendario difícilmente podía considerarse casual, pues el anuncio llegó pocas horas después de que se conociera que recibiría el Nobel de la Paz. En declaraciones a Reuters, la jurista pidió a Estados Unidos recuperar su papel histórico en la defensa de los derechos humanos. «Tienen que volver a desempeñar su papel serio como líderes, asumiendo una función liberadora para el resto del mundo», expresó.

    La concesión del premio a Pillay reconoció su trayectoria en la promoción de la paz y el derecho internacional. La sudafricana ha ocupado cargos en distintas instituciones judiciales internacionales y fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También presidió una comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza, un dictamen que Israel rechazó.

    Mexicana en medio

    Las consecuencias de las sanciones también alcanzan el ámbito profesional de Socorro Flores Liera, jueza mexicana de la CPI desde 2021 y primera ciudadana de México en ocupar ese cargo. La magistrada cuenta con una trayectoria en derecho internacional y derechos humanos, además de su experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, donde alcanzó el rango de embajadora.

    Actualmente, forma parte de una institución cuyos integrantes deben resolver asuntos de enorme complejidad jurídica, relacionados con acusaciones de crímenes internacionales y con la responsabilidad penal individual. Su trabajo requiere independencia judicial, acceso a información, cooperación entre Estados y una estructura administrativa capaz de sostener las investigaciones y los procedimientos.

    En febrero de 2026, Flores Liera ya había advertido sobre el entorno de presión política que enfrenta la CPI. Durante una conferencia en la Universidad Iberoamericana, señaló que las sanciones contra funcionarios judiciales eran inaceptables. «Lo único que hacen con estos ataques es fortalecer la convicción de todos los miembros de la Corte.

    Este tipo de sanciones no pueden afectar el objetivo y el trabajo que todos los miembros de la Corte hacen, muy comprometidos con este mandato de erradicación de la impunidad», afirmó.

    El caso mexicano permite dimensionar el alcance internacional de una decisión adoptada en Washington. Aunque México forma parte del Estatuto de Roma y Estados Unidos no, la actividad de la jueza mexicana deberá desarrollarse dentro de una institución expuesta a medidas económicas de una potencia que cuestiona su autoridad. E4

    Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 8. Lee la edición completa en PDF.

  • EE. UU. cae al lugar 64 en libertad de prensa: Reporteros sin Fronteras

    EE. UU. cae al lugar 64 en libertad de prensa: Reporteros sin Fronteras

    Por Edgar London

    Estados Unidos ha descendido 47 posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) desde 2002, cuando apareció la primera edición del índice. Pasó del puesto 17, entre 139 países evaluados, al 64 de un total de 180 en 2026. El retroceso coincide con un escenario marcado por la hostilidad política hacia los periodistas, los recortes de personal en el sector y las agresiones contra quienes cubren acontecimientos de interés público.

    La caída no es solamente estadística. Refleja las dificultades crecientes para ejercer el periodismo en un país cuya Constitución protege expresamente la libertad de expresión y de prensa. En su evaluación de 2026, RSF señala que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha agravado un deterioro prolongado, en un entorno donde las presiones políticas, las restricciones al acceso informativo y la incertidumbre económica afectan al trabajo de los medios.

    En ese contexto se inscribe la decisión del Departamento de Justicia de investigar a cinco grandes cadenas de televisión estadounidenses: ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News. La pesquisa busca determinar si incurrieron en una infracción de las leyes antimonopolio al suspender temporalmente la cobertura conjunta de los actos presidenciales, después de que la Casa Blanca restringiera el acceso de periodistas de tres medios de comunicación.

    Investigación en curso

    Según informó The New York Times y confirmó posteriormente el Departamento de Justicia, la investigación se centra en la decisión de las cinco cadenas de interrumpir su participación en el grupo de televisión que cubre las actividades del presidente. Este sistema, conocido como pool, permite que las emisoras se turnen para grabar acontecimientos en espacios de acceso restringido y compartan después las imágenes con otros medios.

    El conflicto comenzó en septiembre, cuando la Administración Trump excluyó de la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico. El presidente justificó las restricciones por considerar sesgada la cobertura de esos medios. Las organizaciones afectadas impugnaron la decisión judicialmente, al sostener que vulneraba las garantías constitucionales de libertad de prensa y expresión.

    En respuesta a las exclusiones, las cinco cadenas del grupo televisivo suspendieron temporalmente su cobertura conjunta. La medida dejó durante algunos días a la propia Casa Blanca como fuente principal de imágenes televisivas de determinados actos presidenciales.

    La disputa dio un nuevo giro cuando un juez federal ordenó restablecer provisionalmente el acceso de los medios afectados. Los periodistas recuperaron sus acreditaciones, aunque persistieron diferencias sobre su participación en las rotaciones de cobertura de algunos acontecimientos oficiales.

    La portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, justificó la investigación con el argumento de que los boicots colectivos entre competidores comerciales pueden infringir la Ley Sherman, la legislación estadounidense que prohíbe determinadas prácticas anticompetitivas. La funcionaria precisó que la División Antimonopolio investiga si las cadenas violaron la ley; la apertura de una pesquisa, por tanto, no significa que se haya demostrado una infracción.

    Competencia y libertad

    El argumento legal plantea una cuestión relevante: si la actuación conjunta de las cadenas constituye una práctica comercial contraria a la competencia o una protesta frente a restricciones impuestas al ejercicio del periodismo. La respuesta dependerá de los hechos y de su valoración jurídica, no únicamente de las declaraciones de las partes.

    Sin embargo, el contexto en el que se produce la investigación resulta difícil de ignorar. La medida gubernamental llega después de que los medios cuestionaran la exclusión de sus colegas y en medio de una prolongada confrontación entre Trump y organizaciones periodísticas que el presidente considera adversarias.

    La preocupación no se limita a las cinco cadenas. Associated Press ha enfrentado restricciones de acceso después de negarse a adoptar la denominación de «Golfo de América» promovida por el mandatario para el Golfo de México. La administración también ha impulsado recortes que afectaron a medios públicos y ha recurrido a acciones judiciales contra organizaciones informativas.

    A ello se suma el deterioro económico del sector, que ha provocado despidos y debilitado la capacidad de cobertura de numerosos medios. RSF también advierte sobre las agresiones y los actos de intimidación que enfrentan periodistas en el desempeño de su trabajo.

    El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) advirtió, a propósito de la nueva investigación, sobre el riesgo de que las pesquisas antimonopolio se utilicen para intimidar a medios que defienden su acceso a la información. Se trata de una preocupación expresada por una organización de defensa de la prensa, no de una conclusión judicial sobre las motivaciones del Departamento de Justicia.

    El caso, por tanto, mantiene abierta la obligación de las empresas de respetar la legislación de competencia, así como el derecho de los profesionales de la comunicación a informar sin restricciones arbitrarias por parte del poder político. La caída de la posición 17 a la 64 —el peor escaño ocupado por Estados Unidos desde que RSF creó el barómetro de la libertad de expresión— ofrece una señal de alerta sobre las condiciones en que se ejerce el periodismo en la actualidad. E4

    Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 7. Lee la edición completa en PDF.

  • Nuevo orden catastral, entre la certeza patrimonial y el valor oculto de la tierra

    Nuevo orden catastral, entre la certeza patrimonial y el valor oculto de la tierra

    Por Gerardo Moyano

    México conoce cuánto producen sus empresas y cuánto recauda el Gobierno federal, pero todavía tiene dificultades para identificar, valorar y registrar correctamente una parte de su patrimonio inmobiliario. En numerosos municipios, los datos sobre terrenos y construcciones permanecen dispersos entre oficinas, sistemas incompatibles y documentos desactualizados. Las consecuencias son concretas: predios omitidos, avalúos rezagados, trámites costosos y ayuntamientos que dependen de transferencias para financiar servicios elementales.

    La aprobación en el Senado, el 14 de octubre, de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral coloca ese problema estructural en el centro del debate. Aunque la discusión política se concentró en la posibilidad de un «predialazo», la transformación propuesta tiene alcances mayores: vincular la descripción física de cada inmueble con su situación jurídica, facilitar la gestión territorial y mejorar las capacidades de los Gobiernos locales.

    Un catastro moderno puede impulsar el desarrollo, la equidad tributaria y la seguridad patrimonial. Si su aplicación se limita a actualizar valores para cobrar más, sin considerar los ingresos de los contribuyentes ni la calidad del gasto, perderá buena parte de su legitimidad.

    La debilidad del predial es una de las anomalías persistentes del federalismo mexicano. Mientras otras economías utilizan los gravámenes inmobiliarios como fuente estable de financiamiento local, México obtiene de ellos una proporción reducida de su riqueza. Las estadísticas comparables de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúan los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles en torno a 0.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), frente a niveles cercanos o superiores a 1 % en diversas economías desarrolladas. No son categorías idénticas en todos los países, pero la comparación muestra el rezago.

    La edición 2026 de «Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe», elaborada con participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), permite situar esa debilidad dentro de la estructura fiscal regional.

    El problema no se explica únicamente por tasas bajas. La recaudación depende de cuántas propiedades figuran en el padrón, la precisión de los avalúos, la capacidad administrativa, la facilidad de pago y la eficacia para recuperar adeudos. Un municipio puede tener una tarifa razonable y recaudar poco porque ignora cuántos inmuebles existen o conserva valores de hace décadas.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) examina estas capacidades en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025, que incorpora información sobre gestión catastral, predial y recursos administrativos. Su utilidad consiste en mirar más allá de los montos recaudados: importa saber con qué personal, sistemas y procedimientos cuentan las oficinas municipales.

    Modernizar los padrones permitiría incorporar predios omitidos, corregir superficies, eliminar duplicidades y facilitar pagos. También ayudaría a resolver inequidades: inmuebles semejantes pueden contribuir cantidades muy distintas porque uno fue actualizado y otro conserva una valuación antigua. Recaudar mejor no necesariamente exige elevar las tasas a quienes ya cumplen; también implica ampliar la base y aplicar reglas consistentes.

    Registro integrado

    El catastro describe la ubicación, superficie, construcciones y valores de referencia de un inmueble. El Registro Público de la Propiedad documenta quién ostenta los derechos y qué actos o gravámenes están inscritos. Son funciones complementarias, pero sus expedientes no siempre coinciden: una ampliación puede figurar en un registro y no en otro, o los linderos de una escritura pueden diferir de la información administrativa.

    La legislación busca superar esa fragmentación mediante criterios comunes, intercambio de datos y herramientas digitales. El proceso legislativo contempla una Clave Única Catastral, instrumentos nacionales de planeación y una plataforma tecnológica compartida. El objetivo relevante no es reunir millones de fichas en una computadora, sino lograr que las instituciones identifiquen el mismo predio y consulten información compatible, confiable y actualizada.

    En la práctica, esa coordinación podría simplificar compraventas, herencias, hipotecas, subdivisiones y regularizaciones. La jurista Ana Laura Magaloni Kerpel subrayó en su columna «Certezas y digitalización», publicada el 17 de octubre de 2026 ( Reforma), que la certeza jurídica es uno de los mayores beneficios posibles: cuando identificar un bien, comprobar gravámenes o ejecutar una sentencia resulta difícil, las transacciones se encarecen y la confianza económica se debilita.

    También existe un problema de recursos.

    Los catastros municipales y los registros estatales operan bajo marcos y capacidades diferentes. Homologarlos exige equipos, conectividad, capacitación y mantenimiento permanente. Durante la discusión legislativa, la senadora Alejandra Barrales (MC) cuestionó que se impongan nuevas obligaciones sin garantizar fondos suficientes. La advertencia es pertinente: exigir tecnología costosa a ayuntamientos pobres puede ampliar la brecha administrativa.

    La polémica sobre un aumento generalizado del predial exige distinguir información de tributación. Disponer de avalúos más precisos no modifica automáticamente las tasas ni transfiere a la Federación la facultad de cobrar el impuesto. El artículo 115 constitucional reconoce la hacienda municipal: los ayuntamientos proponen cuotas, tarifas y tablas de valores unitarios del suelo y las construcciones, mientras los congresos estatales aprueban las leyes correspondientes. La Suprema Corte ha defendido el carácter sustantivo de esa participación municipal.

    Una plataforma común puede coexistir con esa autonomía si respeta las competencias locales. El expediente legislativo atribuye funciones de coordinación a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y prevé participación tecnológica de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Pero aprobar una ley no es lo mismo que ponerla en vigor: la fecha efectiva y las obligaciones transitorias deben establecerse con base en su publicación en el Diario Oficial de la Federación, no en la votación del Senado.

    El riesgo tributario, aun así, existe. Aunque las tasas permanezcan iguales, actualizar el valor fiscal de una propiedad puede elevar la cantidad a pagar si no cambian las reglas de cálculo. Una casa adquirida hace cuarenta años puede haberse valorizado considerablemente mientras los ingresos de sus habitantes permanecieron estancados. Para una persona jubilada, un incremento brusco sería especialmente difícil de afrontar.

    Luis Carlos Ugalde, en su columna «El predial y los baches», del 14 de octubre ( Reforma), defendió la modernización para mejorar la información territorial, combatir la evasión y fortalecer la responsabilidad municipal.

    Pero señaló dos preocupaciones: las cargas excesivas para propietarios vulnerables y la posibilidad de que la recaudación adicional financie burocracia en lugar de servicios.

    La equidad exige, por tanto, algo más que acercar valores fiscales a precios comerciales. Son necesarios ajustes graduales, límites a aumentos extraordinarios y protecciones bien dirigidas a viviendas habituales de personas con ingresos reducidos. También deben existir mecanismos transparentes para impugnar avalúos.

    Gobernar mejor

    La utilidad de un catastro confiable excede la tesorería. Puede ayudar a ordenar el crecimiento urbano, detectar asentamientos en zonas de riesgo, planear redes de agua y drenaje, orientar infraestructura y facilitar la regularización de propiedades. El Inegi reconoce ese potencial multifinalitario al estudiar la gestión territorial de los Gobiernos locales.

    También existe un margen fiscal significativo. Si la recaudación recurrente inmobiliaria pasara, hipotéticamente, de alrededor de 0.2 % a 0.4 % del PIB, duplicaría su peso relativo en la economía. No es una proyección oficial ni un efecto automático de la ley: es una forma de dimensionar el espacio disponible.

    Queda, finalmente, el problema de la confianza. El contribuyente identifica el pago del predial, pero no siempre percibe qué obtiene a cambio. La recaudación local puede fortalecer la rendición de cuentas porque acerca impuestos y servicios, aunque esa relación necesita transparencia, participación vecinal y resultados visibles. Los municipios deberían explicar qué mejorarán, publicar indicadores y mostrar el destino de los recursos adicionales.

    Durante décadas, México ha pedido a sus municipios resolver problemas cotidianos sin dotarlos de capacidades suficientes para financiarlos. La armonización catastral ofrece una oportunidad para corregir esa contradicción, mejorar la certeza patrimonial y repartir de manera más justa las obligaciones fiscales. Pero una vivienda es al mismo tiempo activo económico y hogar; su valor de mercado no siempre refleja la capacidad de pago de quienes la habitan.

    Conocer mejor el territorio solo tendrá sentido público si permite administrar con mayor justicia y ofrecer servicios dignos. La prueba decisiva no estará en la cantidad de propiedades registradas ni en el incremento del predial, sino en la posibilidad de construir municipios más solventes, responsables y capaces de mejorar la vida de sus habitantes. E4

    El impuesto inmobiliario como motor de desarrollo

    En las economías desarrolladas, gravar la propiedad inmobiliaria constituye una herramienta habitual para financiar servicios públicos y distribuir parte de los beneficios derivados del crecimiento urbano. Aunque los modelos difieren, comparten una premisa: mantener registros confiables y mecanismos de valoración que permitan sostener la recaudación sin depender exclusivamente de los impuestos al consumo o al ingreso.

    La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) documenta diferencias considerables. En 2023, los impuestos sobre la propiedad representaron 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Francia y 3.4% del de Canadá, frente a 1.3% de Chile y 0.9% de Alemania. Estas cifras incluyen otros gravámenes patrimoniales, además de los recurrentes sobre inmuebles, pero ilustran la importancia desigual de esta fuente tributaria.

    En Canadá, los municipios utilizan impuestos sobre propiedades residenciales y comerciales para financiar servicios locales. Los valores fiscales se determinan mediante organismos de evaluación provinciales o autoridades competentes, mientras los Gobiernos municipales establecen las tasas aplicables conforme a sus necesidades presupuestarias. El sistema permite relacionar los ingresos con el costo de mantener la infraestructura urbana.

    Francia combina una administración fiscal centralizada con ingresos destinados a las colectividades territoriales. Su taxe foncière grava la propiedad construida y se calcula sobre valores catastrales de referencia, sujetos a actualizaciones y reglas fiscales específicas. El modelo muestra que una administración nacional puede coexistir con facultades tributarias locales.

    Ninguna experiencia está exenta de controversias. Las valoraciones desactualizadas generan desigualdades y las revisiones bruscas pueden elevar las obligaciones de propietarios cuyos ingresos no aumentan al ritmo del mercado.

    Chile ofrece uno de los modelos institucionales más relevantes para México. El Servicio de Impuestos Internos administra los avalúos fiscales mediante procedimientos nacionales, mientras la recaudación del impuesto territorial contribuye al financiamiento municipal.

    La legislación chilena contempla reavalúos generales periódicos, normalmente cada cuatro años, y reajustes vinculados con la inflación. Sin embargo, el proceso correspondiente a propiedades no agrícolas fue postergado hasta 2027, reflejo de las dificultades políticas y técnicas que acompañan estas actualizaciones.

    El país también dispone de exenciones para viviendas de menor valor y rebajas de 50% o 100% para personas mayores que cumplen determinados requisitos económicos y patrimoniales. Es un ejemplo de cómo combinar una administración fiscal sistemática con mecanismos de protección social.

    Colombia ha desarrollado el concepto de catastro multipropósito, que busca integrar información física, jurídica y económica de los predios para apoyar no solamente la tributación, sino también la planificación territorial y la formalización de la propiedad.

    Su impuesto predial unificado corresponde a los municipios, que determinan las tarifas dentro del marco legal. La actualización catastral puede ampliar la base tributaria y corregir diferencias históricas, aunque también ha generado discusiones sobre los incrementos de las liquidaciones y la capacidad administrativa de las entidades territoriales.

    Brasil mantiene un esquema descentralizado mediante el Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), administrado por las prefecturas municipales. Las autoridades locales establecen valores fiscales de referencia y aplican las tasas previstas en su legislación.

    Esta autonomía permite adaptar las políticas tributarias a las condiciones de cada ciudad, pero también produce diferencias importantes en actualización de padrones, capacidad de cobro y criterios de valoración.

    Las experiencias internacionales sugieren que un sistema eficaz no depende únicamente de elevar tasas. Requiere identificar todos los inmuebles, actualizar sus características, establecer procedimientos de revisión y facilitar el cumplimiento. También muestran que la información territorial puede servir para algo más que recaudar: orientar inversiones, ordenar el crecimiento urbano y mejorar la seguridad patrimonial. E4

    Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 12. Lee la edición completa en PDF.

  • Las masacres en Allende y PN esperan respuesta

    Las masacres en Allende y PN esperan respuesta

    Por Edgar London

    Desapariciones, torturas y otros presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila durante los Gobiernos de Humberto y Rubén Moreira llegaron a la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, el 5 de julio de 2017, cuando el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, acompañado de representantes de organizaciones de derechos humanos, entregó información a la Fiscalía del tribunal para solicitar que examinara los hechos documentados.

    La iniciativa fue impulsada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en coordinación con organizaciones mexicanas, entre ellas el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México. La investigación contó con el apoyo de más de un centenar de agrupaciones civiles. FIDH

    El documento, titulado México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, abarcó hechos ocurridos entre 2009 y 2016. Reunió información sobre más de 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, así como expedientes específicos de 73 víctimas. Los autores sostuvieron que los hechos no podían entenderse únicamente como actos aislados de la delincuencia organizada, sino que presentaban características de un ataque sistemático contra la población civil.

    Allende y piedras negras

    Entre los episodios incluidos figuraron la masacre de Allende, ocurrida en marzo de 2011, y los asesinatos atribuidos a Los Zetas en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras. La investigación planteó que integrantes del grupo criminal habrían actuado con la colaboración o tolerancia de autoridades, y señaló posibles responsabilidades de funcionarios estatales encargados de la seguridad.

    El informe distinguió dos periodos: de 2009 a 2011 o 2012, cuando, según sus autores, habría existido colusión entre autoridades de seguridad y Los Zetas; y de 2011 o 2012 a 2016, cuando denunciaron la comisión directa de crímenes por parte de fuerzas especiales estatales.

    Las conclusiones apuntaban a posibles responsabilidades en distintos niveles de Gobierno. En ese contexto aparecieron los nombres de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, quienes gobernaron Coahuila entre 2005 y 2011 y entre 2011 y 2017, respectivamente.

    Consecuencias

    La comunicación no produjo un juicio internacional contra los exgobernadores, pero sí llevó a una instancia internacional documentación que las organizaciones consideraban indicativa de graves violaciones de derechos humanos, dio visibilidad a las denuncias de las familias y mantuvo el foco sobre la posible participación de agentes estatales en la violencia de Coahuila.

    La iniciativa también se integró a una estrategia más amplia de búsqueda de justicia. En octubre de 2017, las organizaciones presentaron información sobre el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde cuestionaron la falta de investigaciones efectivas y la resistencia del Estado mexicano a la cooperación internacional. Se trataba de una vía distinta de la CPI, con procedimientos y atribuciones propios.

    La gestión de Vera llevó a la justicia internacional las denuncias sobre desapariciones, torturas y asesinatos en Coahuila, y contribuyó a mantener vigentes las exigencias de investigación y rendición de cuentas. La presentación colocó ante la CPI documentación sobre graves violaciones de derechos humanos, con una relevancia política y documental que trasciende la ausencia de una resolución judicial. E4

    Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 9. Lee la edición completa en PDF.

  • Expresidentes, escritores y «terremotos» políticos

    Expresidentes, escritores y «terremotos» políticos

    Cuando Salinas visita México, tiembla». La frase, popularizada en las redes sociales, tenía sustento: los terremotos de 2000 y 2014 ocurrieron mientras el expresidente —quien alterna su residencia entre Londres y España desde que su Gobierno terminó— se hallaba en la capital del país. La primera vez, para asistir a una reunión familiar, y la segunda para dar el pésame a la viuda y los hijos del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. El país tiene memoria. El sueño primermundista de Salinas de Gortari —alcanzado solo por su círculo cercano— devino pesadilla. En el último año de su administración ocurrieron varios terremotos: el levantamiento zapatista en Chiapas, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu y la crisis financiera conocida como «el error de diciembre», que le estalló a Ernesto Zedillo.

    Cada vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se conecta al mundo digital, desde su quinta de Palenque, Chiapas, también tiembla; no el suelo, sino el mundillo político. Así ocurrió de nuevo con la presentación de su nuevo libro, Pueblo, a través de un videomensaje difundido en las redes sociales. El título lo escogió acaso por provocador, pues primero pensó en llamarlo Gloria, «aunque la sola palabra (pueblo) le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo», dijo el 30 de septiembre.

    Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien dedicó el libro, dio inicio a su tercer año de Gobierno. En México, todo lo que López Obrador dice o escribe desde su lejano retiro —a donde remite el nombre de su finca— levanta ámpula o adhesión según el sector donde se milite. AMLO es, lo mismo que Salinas, un zoon politikon («animal político»), concepto aristotélico cuya base original es el bien común y la plenitud moral. Sin embargo, el término se confunde hoy con maquiavelismo, más propio en Salinas que en AMLO, quien fue su némesis. Los expresidentes emanados del PRI y el PAN también han publicado, pero, en su caso, con propósitos laudatorios, vindicativos o reivindicativos. Peña Nieto, que no era lector, encargó su libro Confesiones desde el exilio, a un escritor en la sombra.

    Salinas ha escrito cuatro libros. El primero apareció seis años después de dejar el poder ( México: Un paso difícil hacia la modernidad [Plaza Janés, 1,380 páginas]). Como expresidente —dice—, cumplir «el deber» de explicar sus actos y los de su Gobierno «por una razón moral». El propósito «no ha sido el de reparar su imagen personal (…) sino corregir las distorsiones impuestas a una obra colectiva». El tecnócrata, ante quien toda rodilla se doblaba, reprocha la traición de quienes, después de haber apoyado su proyecto, «se han propuesto desprestigiarlo y aun hacerlo parecer como el origen de todos los males».

    El libro apareció en noviembre de 2000, cuando Vicente Fox —líder fugaz de la alternancia— estaba por asumir la presidencia, a hombros del PRI. Once años después nacería Morena de la mano de Andrés Manuel López Obrador. México: Un paso difícil… pasó sin pena ni gloria, acaso por extemporáneo. Cuando salió a la luz, Salinas ya había sido juzgado. Nadie salió en su defensa. Las sombras de Colosio, de la corrupción y de las privatizaciones entre amigos eran demasiado pesadas. Al final, un tabasqueño, sin doctorados ni títulos en el extranjero, ganó la batalla: la 4T sepultó el proyecto neoliberal, y en su lugar surgió el hoy denominado «humanismo mexicano». E4

    Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 17. Lee la edición completa en PDF.

  • Sheinbaum-AMLO: La ruptura que no llegará

    Sheinbaum-AMLO: La ruptura que no llegará

    La característica de los relevos presidenciales en el PRI y el PAN fue la ruptura. Lázaro Cárdenas puso fin al maximato cuando exilió a Plutarco Elías Calles. Carlos Salinas de Gortari emigró, recién iniciado el Gobierno de Ernesto Zedillo, para no correr la misma suerte que su hermano Raúl, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y enriquecimiento ilícito. Ambos fueron los casos más notorios de divorcio político. Felipe Calderón se distanció de Vicente Fox antes de detentar la presidencia; en cambio, pactó con Enrique Peña una salida «decorosa».

    El acuerdo habría incluido, según Andrés Manuel López Obrador, la exoneración del exgobernador Humberto Moreira, quien había sido acusado por la PGR de «enriquecimiento ilícito» y «operaciones con recursos de procedencia ilícita». AMLO fue indulgente con Peña, cuyo Gobierno ha sido uno de los más venales. En su toma de posesión le agradeció por no haber intervenido en las elecciones de 2018, como lo había hecho Fox 12 años antes para arrebatarle la presidencia e imponer Calderón. Dio un argumento: «si abrimos expedientes (por actos de corrupción) no habría juzgados ni cárceles suficientes».

    Los presidentes del PRI y el PAN interponían un muro infranqueable entre ellos y sus predecesores para alejarlos del poder y evitar influencias nocivas. Máxime si, como en los casos de Zedillo y Calderón, existían agravios de por medio. Los expresidentes preferían retirarse y hacer mutis para no exponerse. Entre ellos no había crítica ni reconocimiento alguno, al menos en público. La ruptura se aceptaba por ser parte del sistema. Con el ascenso de Morena a la presidencia las cosas cambiaron. López Obrador preparó oportunamente a Claudia Sheinbaum para sucederle. Sus antecesores —a partir de Salinas— no pudieron hacerlo porque las circunstancias lo impidieron. Las cúpulas de sus respectivos partidos se habían dividido, y la desconexión con sus bases de apoyo y con la sociedad, excluidas de sus proyectos de Gobierno, la pagaron en las urnas.

    López Obrador califica a Sheinbaum como la mejor presidenta, «la mejor del mundo» —«muy superior a mí», ha dicho—. Los halagos del mentor —dirigidos a sí mismo— son correspondidos por la alumna aventajada. «Es el dirigente político y luchador social más importante en la historia moderna», dijo en su toma de posesión. No existen visos de ruptura, porque además de las coincidencias políticas e ideológicas los une el proyecto social por el cual llegaron al poder con las más altas votaciones. La reaparición de AMLO en un video, para dar a conocer su libro Pueblo, coincidió con el arranque del proceso electoral de 2027 que renovará el Congreso junto con la mayoría de las gubernaturas y los ayuntamientos.

    AMLO pidió el voto por Morena y autorizó el uso de su imagen (protegida bajo las figuras de propiedad industrial y regulación electoral) para ese propósito. ¿Pueden hacer lo mismo Peña, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas? Están en condiciones, sí, pero ¿el beneficio para los candidatos del PRI y el PAN sería mayor que el daño? Difícilmente, pues las preferencias por Morena se deben, en buena medida, a los errores y al recuerdo que dejaron entre los mexicanos. En Estados Unidos sucede lo mismo: el principal promotor del voto por el Partido Demócrata (de centro izquierda, como Morena) para las elecciones del 3 de noviembre es el derechista Donald Trump. E4

    Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 18. Lee la edición completa en PDF.

  • Maratón LALA 2027

    Maratón LALA 2027

    Torreón, Coahuila; 15 de octubre de 2026.- La cuenta regresiva comenzó, El Maratón Internacional Lala presentó los detalles de su edición 38, que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo de 2027, convocando nuevamente a miles de corredores, familias y aficionados a vivir una de las tradiciones deportivas más importantes de la Comarca Lagunera.

    Con una ruta de 42,195 kilómetros, la carrera iniciará en Gómez Palacio, Durango, y concluirá en el Bosque Venustiano Carranza, en Torreón, Coahuila, en un recorrido que año con año convierte a la región en una gran celebración alrededor del deporte, la comunidad y el orgullo lagunero.

    A lo largo de casi cuatro décadas, el Maratón Internacional Lala se ha consolidado como uno de los eventos atléticos más emblemáticos de México, reconocido por su organización, su ruta y el ambiente que se vive desde la salida hasta la meta. Para esta edición, se espera la participación de 4,500 corredores, entre atletas nacionales, internacionales y corredores aficionados que busca rán conquistar la distancia.

    “El Maratón Internacional Lala es mucho más que una carrera: es una tradición que une a la Comarca Lagunera. Cada edición nos recuerda la fuerza de nuestra comunidad, la emoción de quienes corren y el entusiasmo de las familias que salen a apoyar en cada kilómetro. Estamos muy emocionados de presentar esta edición 38 y de seguir construyendo una experiencia memorable para todos los participantes”, señaló María Luisa Marroquín, directora del Maratón Internacional Lala.

    Las inscripciones se realizarán en dos etapas:

    Del 15 al 31 de octubre de 2026, con una cuota de $1,275.00 MXN.

    Del 1 al 13 de noviembre de 2026, con una cuota de $1,450.00 MXN.

    Además, los corredores de las categorías 60 a 69 años y 70 años y más podrán acceder a un descuento del 50% sobre el costo de inscripción vigente durante cada periodo.

    Como parte del espíritu solidario que ha caracterizado al Maratón Internacional Lala, la edición 2027 contará con 150 números de inscripción con causa, destinados a corredores que deseen sumar a su reto personal una contribución social.

    Este año, nos llena de orgullo apoyar a tres organizaciones que realizan una labor extraordinaria en favor de la inclusión, el acompañamiento y el bienestar:

    Sonrisa Azul, en Torreón, dedicada a brindar apoyo a niñas, niños y jóvenes con autismo, así como a sus familias.

    Fundación John Langdon Down, en Ciudad de México, con una amplia trayectoria impulsando la educación, atención e inclusión de personas con síndrome de Down.

    Casa Colibrí, en Ciudad de México, que acompaña con amor, dignidad y cuidados paliativos a niñas y niños que enfrentan la batalla contra el cáncer.

    Porque cuando una persona corre por alguien más, los 42 kilómetros adquieren un significado distinto: cada paso puede repre sentar una oportunidad, cada kilómetro puede convertirse en esperanza y cada meta alcanzada puede transformarse en apoyo para quienes enfrentan desafíos mucho más grandes que una carrera.

    Ese es también el espíritu del Maratón Lala: correr con propósito, avanzar en comunidad y demostrar que el bienestar también se construye cuando nos movemos juntos por una causa.

    La edición 38 contará con un tiempo máximo de recorrido de 6 horas con 30 minutos a partir de la salida oficial. Asimismo, la prue ba mantiene los estándares y certificaciones correspondientes para carreras de larga distancia, lo que la posiciona como una de las competencias más relevantes del calendario deportivo nacional.

    En Grupo Lala, el Maratón Internacional Lala representa una forma de acercar nuestro propósito de nutrir a México a la vida cotidiana de las personas, promoviendo el bienestar, la actividad física y la convivencia familiar a través de una de las tradiciones deportivas más queridas de la región. Desde la Comarca Lagunera, donde se encuentran nuestras raíces, esta competencia nos permite seguir fortaleciendo el vínculo con la comunidad e impulsar una visión de bienestar integral, en la que la nutrición y el movimiento son parte fundamental de una vida más activa y saludable.

    Para consultar información sobre categorías, servicios, premiaciones, reglamento y detalles de la competencia, visita:

    www.maratonlala.org.

    Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 31. Lee la edición completa en PDF.

  • Luces y sombras: vuelos, el papa, Texcoco, ICE y Francia

    Luces y sombras: vuelos, el papa, Texcoco, ICE y Francia

    La decisión de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos de retirar las restricciones a la apertura de nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) abre un abanico de posibilidades para ampliar la conectividad aérea entre México y el país vecino. Las medidas, anunciadas en julio de 2025 durante el Gobierno de Donald Trump, habían limitado las operaciones de aerolíneas mexicanas por presuntos incumplimientos del acuerdo bilateral de transporte aéreo y acusaciones de prácticas discriminatorias contra compañías estadounidenses. La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que el levantamiento de las restricciones es resultado del cumplimiento de compromisos bilaterales en materia de aviación, mientras que Washington atribuyó el cambio a la decisión del Gobierno de Claudia Sheinbaum de revertir disposiciones adoptadas durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador. En octubre de 2025, las medidas se habían endurecido con la suspensión de dos rutas desde el AIFA, la cancelación de otras 11 y la prohibición de establecer nuevas conexiones hacia Estados Unidos.

    El papa León XIV regresó al Vaticano con señales alentadoras de recuperación, apenas cuatro días después de someterse a una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho y tres días antes de lo previsto. La evolución favorable de su estado de salud permitió a los médicos autorizar su salida del hospital Gemelli de Roma para continuar el tratamiento y la recuperación en su residencia, bajo las indicaciones correspondientes. A su salida, el Pontífice, de 71 años, fue recibido entre aplausos y vítores por los fieles congregados frente al hospital, en una muestra de afecto y respaldo que acompañó su regreso. Antes de marcharse, conversó con los especialistas que lo atendieron y saludó a varios pacientes, entre ellos una joven ucraniana que superó el cáncer y acudió a desearle una pronta recuperación. El Vaticano informó que León XIV había retomado algunas actividades desde su habitación, pese a permanecer bajo supervisión médica. Aunque mantendría suspendidas algunas audiencias privadas, su salida del hospital ofreció motivos para el optimismo y renovó las expectativas sobre su visita prevista a Argentina, Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre.

    El lago de Texcoco comienza a dar señales alentadoras de recuperación ambiental. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), encontraron ejemplares de mexclapique, un pez endémico del Valle de México en peligro de extinción, en etapa reproductiva dentro de esta área natural protegida. El hallazgo, reportado el 8 de octubre, ocurre dos años después de la reintroducción de la especie y representa un indicio de que los humedales restaurados podrían estar recuperando condiciones favorables para la vida silvestre. La recuperación del ecosistema también incluye avances en la restauración de aproximadamente mil 900 hectáreas de humedales, de acuerdo con la Conanp. Además, la UNESCO incorporó el Lago de Texcoco a su Red Mundial de Sitios de Demostración de Ecohidrología, como el primer espacio mexicano en formar parte de ella. Aunque los especialistas advierten que aún deben evaluar la calidad del agua y la evolución de otras comunidades biológicas, la reproducción del mexclapique ofrece una señal concreta de esperanza para la conservación de una especie amenazada.

    La muerte del mexicano Emiliano Andrade Covarrubias bajo custodia migratoria en Laredo, Texas, vuelve a poner en entredicho las condiciones de atención y protección de los detenidos en Estados Unidos. Con su fallecimiento, suman siete los connacionales muertos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ese estado. La Secretaría de Relaciones Exteriores exigió esclarecer lo ocurrido y anunció que solicitará al fiscal del condado de Webb investigar el caso para determinar las circunstancias de la muerte. Según The Texas Tribune, la hija del migrante, Stefani Andrade, afirmó que su padre, de 56 años, padecía una afección cardíaca, diabetes e hipertensión, y que el personal del centro habría ignorado sus solicitudes de atención médica y medicamentos. Andrade fue detenido en junio, cuando regresaba de México en autobús a Dallas, donde residía con su familia. La causa de su muerte permanece bajo investigación y se espera que la autopsia contribuya a determinar qué ocurrió. El caso reaviva las preocupaciones sobre la atención médica y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes bajo custodia estadounidense.

    El endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump ha alcanzado a miles de niños. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a más de 8 mil 500 menores desde el inicio de su segundo mandato, y durante los primeros siete meses de 2026 detuvo a más del doble que en el mismo periodo de 2025. Un análisis de The Marshall Project, basado en registros oficiales obtenidos por el Deportation Data Project, revela que muchos de los menores fueron retenidos en hoteles y salas de detención donde sus familiares y abogados tuvieron dificultades para localizarlos. Algunos permanecieron bajo custodia durante meses; otros fueron trasladados lejos de sus hogares y escuelas. Según abogados especializados, numerosos niños fueron arrestados junto con sus padres pese a llevar años viviendo en Estados Unidos y, en algunos casos, mientras cumplían con citas o instrucciones de los tribunales migratorios. Los datos también indican que la gran mayoría no tenía condenas penales ni cargos pendientes más allá de infracciones migratorias, que son de carácter civil. El Departamento de Seguridad Nacional cuestionó la precisión de las cifras, pero no presentó datos alternativos.

    Las protestas contra el aumento del costo de vida y las políticas de austeridad sacudieron Francia, donde una jornada de movilizaciones multitudinarias terminó marcada por la violencia, los incendios y los saqueos. El descontento ciudadano parte de una preocupación legítima y necesaria: el deterioro de las condiciones de vida y el impacto de las decisiones económicas sobre la población, especialmente cuando las medidas de ajuste amenazan con agravar las dificultades de los sectores más vulnerables. Sin embargo, la dimensión de las reivindicaciones pierde fuerza cuando las manifestaciones derivan en ataques contra edificios públicos, comercios y fuerzas de seguridad. Según el Ministerio del Interior, unas 550 mil personas participaron en 110 marchas, mientras que organizadores y sindicatos elevaron la cifra a 800 mil. La Policía detuvo a mil 200 personas y reportó 150 agentes heridos. En varias ciudades, los disturbios provocaron incendios, destrozos y cierres de estaciones del Metro. El Ayuntamiento de Limoges fue incendiado y otros inmuebles sufrieron daños. El presidente Emmanuel Macron advirtió que los responsables serán procesados.

    Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 11. Lee la edición completa en PDF.

  • Edición 808: Soberanía bajo fuego

    Edición 808: Soberanía bajo fuego

    Portada de Espacio 4, número 808

    Año XXX, número 808, del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2026. En portada: Soberanía bajo fuego. México frente a la presión de EE. UU.

  • El voto del bolsillo

    El voto del bolsillo

    Por Editorial

    Ronald Reagan —gobernador de California y presidente de Estados Unidos por dos periodos consecutivos— consultaba las encuestas antes de dormir; si las tendencias le favorecían, se retiraba a su habitación con la idea de que le faltaba un voto para ganar. Con ese aliciente reanudaba su campaña al día siguiente con más brío y convicción. Reagan militó primero en el Partido Demócrata y luego se afilió al Republicano. De ascendencia irlandesa por el lado paterno, el 40° presidente de Estados Unidos pasó penurias durante su infancia, transcurrida en Tampico, Illinois. Reagan cuenta en su autobiografía Una vida americana que Nelle, su madre, hacía «que un hueso para sopa durara varios días» (los sábados se comía hígado).

    En otra parte del libro dice que si después de pagar la hipoteca, las facturas, los gastos del hogar y la escuela de sus hijos los estadounidenses aún tienen dólares en la cartera, normalmente votan por el mismo partido. Ambas estrategias —evitar el triunfalismo y mantener la inflación bajo control— le dieron resultados. En 1984 venció al candidato demócrata Walter Mondale con una votación histórica para continuar cuatro años más en la Casa Blanca. La Administración de Reagan fue de claroscuros, como la mayoría, pero el balance final le favorece. No de balde es uno de los líderes de su país más apreciados.

    En la era de Reagan, el mayor conflicto entre Estados Unidos y México ocurrió en 1985. Ese febrero de ese año, el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y el piloto Alfredo Zavala fueron secuestrados y asesinados por órdenes del entonces jefe del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Según exagentes de la DEA y diversos documentos, las investigaciones de Camarena, que previamente habían permitido destruir el mayor plantío de marihuana en el rancho «El Búfalo» (Chihuahua), lo condujeron a un terreno minado. De acuerdo con el informe del Comité Perry, el narcotráfico financiaba la compra de armas para la Contra de Nicaragua. Por ese motivo, la CIA y los capos habrían planeado la eliminación del policía encubierto. Estados Unidos utiliza esa doble moral no solo en el tema de las drogas, sino en todos.

    Hoy, con las elecciones de Estados Unidos en puertas, el presidente Trump —hijo de inmigrante escocesa— invierte la fórmula reaganiana para atraerse votantes. Las encuestas predicen para el 3 de noviembre la derrota —casi aplastante— del Partido Republicano en el Congreso, la mayoría de las gubernaturas e incluso el Senado. Trump revisa las tendencias y duerme como si tal cosa. En lugar de reconciliarse con los electores, ofrece abiertamente dinero a cambio de votos y becas de ahorro para los niños. Si en México la aprobación del 67 % de la presidenta Claudia Sheinbaum propulsa a los candidatos de Morena, allende el Bravo, el rechazo de Trump del 61 % contagia a los del Partido Republicano y oxigena a los demócratas.

    Trump tiene abiertos múltiples frentes dentro y fuera de su país, que los republicanos pagarán sin duda en las urnas. La guerra contra Irán es ruinosa y altamente impopular. El trato inhumano a los migrantes indocumentados y las políticas persecutorias contra quienes ingresan legalmente son repudiadas por por la mayoría. Sin embargo, el mayor daño es en la economía de las familias estadounidenses, que Reagan priorizaba. El enfado por el aumento de precios de los combustibles y los alimentos devendrá en alud electoral. Trump olvidó también la máxima de Lincoln, uno de los líderes más respetados de su país, según la cual «una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil». También lo es de la hiperlogía que el magnate padece.

    Predial, mina inexplotada

    Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país que menos recauda por concepto de Impuesto Predial. La principal fuente de ingresos de los municipios —el eslabón político y económicamente más débil y a la vez el más exigido— no llega ni al 0.5 % del Producto Interno Bruto. En los países miembros del organismo la captación es casi cuatro veces mayor; en América Latina y el Caribe, la tributación inmobiliaria duplica a la nuestra. El rezago se refleja en ciudades deterioradas, servicios públicos insuficientes y de mala calidad, cráteres en lugar de pavimento, banquetas intransitables, encharcamientos por doquier y alumbrado intermitente.

    Para robustecer las finanzas municipales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la OCDE aconsejan actualizar el Impuesto Predial, lo cual es anatema para los terratenientes, quienes ganan por partida doble: contribuyen poco y sus propiedades adquieren plusvalía. Saltillo es una de las ciudades donde el acaparamiento y la especulación son más consentidos por las leyes. Grandes extensiones urbanas —ociosas y convertidas en muladares— obstaculizan el desarrollo; el precio de la tierra se dispara y la lejanía de los fraccionamientos encarece el transporte y los servicios.

    Un estudio del BM señala que el principal patrimonio de América Latina y el Caribe son los bienes inmuebles, que en promedio representan el 86 % de la riqueza local. La cifra aumenta en México al 90.5 %. La periodista Yolanda Morales toma del informe «Impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento» un dato clave: «este tipo de impuesto tiene el potencial de construir una mayor base gravable para fortalecer los recursos públicos municipales» ( El Economista, 08.10.26).

    Contrario a la raquítica recaudación de Predial, la OCDE advierte que México es uno de los países que incrementaron más los ingresos federales, no mediante alzas en las tasas, sino con estrategias para que el cobro a los grandes contribuyentes y la fiscalización a las corporaciones sean más eficientes. El organismo ha sugerido a los Gobiernos subnacionales (estados y municipios) tomar en cuenta la experiencia de países avanzados donde la aplicación masiva de impuestos sobre la propiedad sirve de palanca para un crecimiento equilibrado y constante. El BM —apunta Morales en su nota— pone a Bogotá y Barranquilla, Colombia, de ejemplo de cómo gravar la propiedad permite generar recursos, promover la transparencia e impulsar el desarrollo urbano sostenible, siempre y cuando la gestión «sea efectiva y modernice al catastro».

    Precisamente el 14 de octubre el Senado aprobó la expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, tendente a homologar, actualizar y vincular los catastros y los registros públicos de la propiedad en todo el territorio nacional.

    Los municipios y los estados deberán elaborar mecanismos de coordinación con el Gobierno federal para fortalecer y modernizar la cartografía. No es un aumento al Predial, como se argumenta para descalificar la nueva norma y generar confusión y malestar ciudadano. El mecanismo permitirá, por sí solo, captar mayores ingresos para que los municipios puedan afrontar la demanda creciente de servicios con menos agobio. Quienes, como era de esperar, pusieron el grito en el cielo, son aquellos que secularmente han aprovechado su poder económico y sus influencias políticas para empobrecer a los municipios mientras ellos se enriquecen y las clases media y baja pagan los costos de su avaricia.

    Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 5. Lee la edición completa en PDF.

  • De corazones, ríos y mezquites

    De corazones, ríos y mezquites

    Tomás García Barrientos
    Por Tomás García Barrientos
    he sido de todo
    “confieso que he vivido”
    y aún así
    al cortarme
    duele,
    las espirales
    siguen desorientando
    mi alma,
    el páramo
    todavía me hace derramar
    lágrimas sobre el desierto,
    las ramas del mezquite
    aún me parecen idóneas
    para colgar mi corazón
    a secarse
    con el sol;
    he sido de todo
    y aún así
    el mundo parece una promesa
    de dolor y placer
    de placer y júbilo
    de dolor
    dolor
    dolor
    y amor
    amor
    amor;
    un mundo diseñado
    solamente para aquellos
    que anhelan el florecimiento silvestre
    de los pétalos salvajes
    cuya imagen
    haría llorar, hasta al hombre más vil /
    un mundo diseñado
    solamente
    para aquellos
    que observan el fluir de los ríos
    y esperan
    pacientemente
    observar la vida
    desdoblándose
    en el agua cristalina /
    un mundo diseñado
    solamente
    para aquellos
    que pueden ver, sentir y palpar
    la sublime tristeza
    de todas las cosas vivientes,
    porque aquel que se detiene un momento
    un instante
    a contemplar
    la belleza oculta de este mundo
    vivirá siempre listo para partir
    de la existencia
    con la firme entereza
    de haber encontrado la felicidad
    a pesar de la tristeza,
    si,
    un mundo diseñado
    solamente
    para
    mí.

    Tomás García Barrientos (Piedras Negras, Coahuila, 1995). Licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con una Maestría en Educación con Acentuación en Educación Obligatoria por la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila y una certificación como facilitador en Medios Alternos de Solución de Controversias. Actualmente se encuentra ejerciendo funciones en el ámbito de los derechos humanos.

    Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 21. Lee la edición completa en PDF.