Estados Unidos ha descendido 47 posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) desde 2002, cuando apareció la primera edición del índice. Pasó del puesto 17, entre 139 países evaluados, al 64 de un total de 180 en 2026. El retroceso coincide con un escenario marcado por la hostilidad política hacia los periodistas, los recortes de personal en el sector y las agresiones contra quienes cubren acontecimientos de interés público.
La caída no es solamente estadística. Refleja las dificultades crecientes para ejercer el periodismo en un país cuya Constitución protege expresamente la libertad de expresión y de prensa. En su evaluación de 2026, RSF señala que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha agravado un deterioro prolongado, en un entorno donde las presiones políticas, las restricciones al acceso informativo y la incertidumbre económica afectan al trabajo de los medios.
En ese contexto se inscribe la decisión del Departamento de Justicia de investigar a cinco grandes cadenas de televisión estadounidenses: ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News. La pesquisa busca determinar si incurrieron en una infracción de las leyes antimonopolio al suspender temporalmente la cobertura conjunta de los actos presidenciales, después de que la Casa Blanca restringiera el acceso de periodistas de tres medios de comunicación.
Investigación en curso
Según informó The New York Times y confirmó posteriormente el Departamento de Justicia, la investigación se centra en la decisión de las cinco cadenas de interrumpir su participación en el grupo de televisión que cubre las actividades del presidente. Este sistema, conocido como pool, permite que las emisoras se turnen para grabar acontecimientos en espacios de acceso restringido y compartan después las imágenes con otros medios.
El conflicto comenzó en septiembre, cuando la Administración Trump excluyó de la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico. El presidente justificó las restricciones por considerar sesgada la cobertura de esos medios. Las organizaciones afectadas impugnaron la decisión judicialmente, al sostener que vulneraba las garantías constitucionales de libertad de prensa y expresión.
En respuesta a las exclusiones, las cinco cadenas del grupo televisivo suspendieron temporalmente su cobertura conjunta. La medida dejó durante algunos días a la propia Casa Blanca como fuente principal de imágenes televisivas de determinados actos presidenciales.
La disputa dio un nuevo giro cuando un juez federal ordenó restablecer provisionalmente el acceso de los medios afectados. Los periodistas recuperaron sus acreditaciones, aunque persistieron diferencias sobre su participación en las rotaciones de cobertura de algunos acontecimientos oficiales.
La portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, justificó la investigación con el argumento de que los boicots colectivos entre competidores comerciales pueden infringir la Ley Sherman, la legislación estadounidense que prohíbe determinadas prácticas anticompetitivas. La funcionaria precisó que la División Antimonopolio investiga si las cadenas violaron la ley; la apertura de una pesquisa, por tanto, no significa que se haya demostrado una infracción.
Competencia y libertad
El argumento legal plantea una cuestión relevante: si la actuación conjunta de las cadenas constituye una práctica comercial contraria a la competencia o una protesta frente a restricciones impuestas al ejercicio del periodismo. La respuesta dependerá de los hechos y de su valoración jurídica, no únicamente de las declaraciones de las partes.
Sin embargo, el contexto en el que se produce la investigación resulta difícil de ignorar. La medida gubernamental llega después de que los medios cuestionaran la exclusión de sus colegas y en medio de una prolongada confrontación entre Trump y organizaciones periodísticas que el presidente considera adversarias.
La preocupación no se limita a las cinco cadenas. Associated Press ha enfrentado restricciones de acceso después de negarse a adoptar la denominación de «Golfo de América» promovida por el mandatario para el Golfo de México. La administración también ha impulsado recortes que afectaron a medios públicos y ha recurrido a acciones judiciales contra organizaciones informativas.
A ello se suma el deterioro económico del sector, que ha provocado despidos y debilitado la capacidad de cobertura de numerosos medios. RSF también advierte sobre las agresiones y los actos de intimidación que enfrentan periodistas en el desempeño de su trabajo.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) advirtió, a propósito de la nueva investigación, sobre el riesgo de que las pesquisas antimonopolio se utilicen para intimidar a medios que defienden su acceso a la información. Se trata de una preocupación expresada por una organización de defensa de la prensa, no de una conclusión judicial sobre las motivaciones del Departamento de Justicia.
El caso, por tanto, mantiene abierta la obligación de las empresas de respetar la legislación de competencia, así como el derecho de los profesionales de la comunicación a informar sin restricciones arbitrarias por parte del poder político. La caída de la posición 17 a la 64 —el peor escaño ocupado por Estados Unidos desde que RSF creó el barómetro de la libertad de expresión— ofrece una señal de alerta sobre las condiciones en que se ejerce el periodismo en la actualidad. E4
Publicado en la edición impresa 808 de Espacio 4 (27 de octubre al 9 de noviembre de 2026), página 7. Lee la edición completa en PDF.
